CONVOCA// Feministas por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales
FIRMA POR UNA LEY DE LIBERTAD SEXUAL QUE NO CRIMINALICE A LAS MUJERES
El Ministerio de Igualdad presentó en el pasado marzo de 2020 una primera versión del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral sobre la Libertad Sexual. El texto se presentó como un reconocimiento al consenso feminista sobre las modificaciones legales en torno a las violencias sexuales. Sin embargo, el segundo borrador presentado en octubre de 2020 ha roto dicho consenso al criminalizar a personas relacionadas con el trabajo sexual. Consideramos urgente que la sociedad, y en especial el movimiento feminista, sean conocedores de las consecuencias que puede acarrear esta norma para las mujeres que ejercen voluntariamente el trabajo sexual. Por ello, como Feministas por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, manifestamos públicamente que:
- Las trabajadoras sexuales, quienes no han sido ni informadas ni invitadas al proceso de elaboración del anteproyecto a pesar de tener derecho a participar, han resultado abiertamente excluidas del mismo. Se ha pasado de elaborar y evaluar políticas públicas exigiendo “las voces de las mujeres protagonistas” como una cuestión esencialmente feminista, a excluir a ciertos grupos de mujeres en la elaboración de las normas que les afectan.
- Exigimos que se retire la propuesta de modificación del artículo 187 bis del Código Penal que penaliza la “tercería locativa” (despenalizada desde 1995) con hasta 3 años de cárcel para “quien con ánimo de lucro, y de manera habitual, destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona aún con su consentimiento”, porque abre la puerta a criminalizar a las mujeres que alquilan y/o comparten inmuebles con compañeras. También se dificulta el acceso a la vivienda de las trabajadoras sexuales, especialmente a quienes viven en el lugar de trabajo, por el temor de las personas propietarias a ser acusadas de proxenetas.
- Exigimos que se retire la propuesta de modificación del artículo 187.2 porque también abre la posibilidad de encarcelar a las mujeres vinculadas al entorno del trabajo sexual. Siendo proxeneta quien “se lucra explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma”, la modificación propone una ampliación del concepto de “explotación” a “cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”. De esta manera podrían ser denunciadas las trabajadoras auto-organizadas que comparten un piso si se considera que existe dependencia o subordinación si alguna de ellas, por ejemplo, es inmigrante y carece de documentación. Podría denunciarse también como proxeneta a cualquier persona implicada en la realización del trabajo sexual (servicios de seguridad, higiene, transporte, etc.). Por tanto, mientras el Anteproyecto pretende poner en el centro el consentimiento de las mujeres, se anula y criminaliza el consentimiento de las trabajadoras sexuales.
- Todas estas medidas afectarán desproporcionadamente a las personas trans, quienes sufriendo un desempleo del 85% acuden a menudo al trabajo sexual como única opción. Criminalizar a las personas trans más precarizadas, en su mayoría migrantes, a la vez que se reconocen los derechos como la autodeterminación de género es una paradoja que nos adelanta los nefastos resultados de esta normativa.
- Se explota económicamente la criminalización de las trabajadoras sexuales: el anteproyecto dispone que las ayudas para las víctimas de violencia sexual provendrán de los bienes decomisados mediante todas las estrategias de criminalización del trabajo sexual hasta ahora descritas. Esto, además de fomentar la persecución del trabajo sexual, vincula necesariamente los derechos a la reparación de las mujeres que hayan sufrido violencia sexual con la criminalización y el decomisado de bienes de las otras, las trabajadoras sexuales.
- Que todo lo anterior dificulta y precariza el trabajo sexual independiente, aumentando la estigmatización y debilitando las redes de apoyo entre trabajadoras sexuales. La criminalización de los espacios donde se ejerce el trabajo sexual aumentará el control y la presencia policial en los mismos, con el peligro de que se abran aun más expedientes de expulsión a las mujeres migrantes indocumentadas. Los mayores controles policiales y las redadas además fuerzan a las mujeres que están en situación de trata a denunciar a los tratantes -sin garantías- o ser expulsadas. Es por eso que, diversos organismos internacionales de derechos humanos, señalan que las leyes que criminalizan a las mujeres que ejercen la prostitución son discriminatorias y deben ser eliminadas.
Por todo esto, solicitamos vuestra firma y adhesión a este manifiesto como entidades colectivas u organizaciones de cualquier índole y como personas individuales.